Mientras la Legislatura se prepara para el debate del DNU 5/3 por la compra de ómnibus 0km para líneas interurbanas y rurales, el Ministerio de Economía y Producción emitió un decreto para reglamentar el instrumento que será ratificado o rechazado en la sesión del miércoles. El texto desarrolla cómo se llevará a cabo el proceso de contratación directa y establece la conformación de una comisión de preadjudicación. Sin embargo, no cuenta con precisiones respecto a cómo serán las unidades a adquirir, la cantidad, ni los montos. El Gobierno habló de 100 coches por unos $16.000 millones.

El decreto de necesidad y urgencia firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo, en el marco de la Ley de Emergencia en el Transporte (9.773), obtuvo dictamen -de mayoría y de minoría- de la comisión de Hacienda y Presupuesto el jueves. Antes de brindar su opinión, los legisladores tuvieron a disposición el Decreto 3.309/3 que el ministro Daniel Abad había anticipado que el Ejecutivo emitiría para reglamentar la contratación directa previo cotejo de precios de al menos tres oferentes.

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Se remarcó que con el decreto se busca dejar establecido el procedimiento de las contrataciones, los organismos intervinientes y demás aspectos operativos que deben cumplirse para asegurar la transparencia y legalidad de las adquisiciones. “Dada la envergadura y trascendencia de las contrataciones, resulta necesario conformar la comisión de preadjudicación que actuará en el proceso”, se indicó.

Dicho comité estará integrado por Vicente Nicastro (secretario de Transporte y Seguridad Vial); Francisco José Nader Zelaya (integrante del Ministerio de Obras y Servicios Públicos); Oscar Armando Salas (Dirección General de Transporte); Federico Sassi Colombres (Ministerio de Economía y Producción); y Rosa Elena Divarvaro (Ministerio de Economía y Producción).

Apertura de sobres

En el decreto se establece que las contrataciones están exentas del procedimiento de licitación pública (en el marco de la emergencia) y que en el pliego de bases y condiciones, elaborado por la Dirección General de Transporte, se precisarán las especificaciones técnicas de los vehículos a adquirir. La Dirección de Administración del Ministerio de Economía y Producción, deberá entonces enviar las notas de pedido de cotización con dicho pliego al menos a tres oferentes, preferentemente fabricantes o concesionarios autorizados.

El Gobierno busca mayor aval para ratificar el DNU por la compra de 100 colectivos

“Recibidas las ofertas, serán analizadas por la comisión de preadjudicación, que llevará a cabo el análisis de admisibilidad de las mismas, cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos referidos y elaborará el cuadro comparativo de ofertas, emitiendo el acta de preadjudicación pertinente, la cual será puesta a consideración de los señores ministros de Economía y Producción, y de Obras y Servicios Públicos (Marcelo Nazur)”, se precisó en el documento. Se añadió que se faculta a la Secretaría de Estado a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la compra.

Apertura de sobres

El legislador Carlos Gallia, presidente de Hacienda y Presupuesto, remarcó que la transferencia del ómnibus a las empresas prestatarias del servicio es a título oneroso (a descontar de las compensaciones mensuales, según se anunció), conforme su situación jurídica, económica y financiera, entre otras. Adelantó que ya se hicieron cotizaciones con las firmas Ivecco, Scania y Mercedes Benz, y que se invitará a los legisladores que lo deseen a participar de la apertura de sobres (aún sin fecha) para darle la mayor transparencia posible. Consideró que el proceso “es una licitación con algunos pasos que se van a evitar” para darle celeridad al trámite.

Sin urgencia justificada

El dictamen de mayoría de Hacienda y Presupuesto ratifica el DNU y lleva las firmas de los oficialistas Gallia, Francisco Serra, Carlos Najar, Sandra Figueroa y Hugo Ledesma, y del opositor Claudio Viña (Compromiso Tucumán). El dictamen de minoría de Manuel Courel (Cambia Tucumán) rechaza el instrumento y propone que el proceso se haga por licitación pública.

El yerbabuenense consideró que la reglamentación del decreto no es suficiente. “No dice cuántos coches van a comprar, cómo se van a ceder ni los valores”, dijo. Añadió que no se justifica la necesidad ni la urgencia de apelar al cotejo de precios en vez de una licitación, y que no se precisan las características de la adquisición por compra directa. “Estamos de acuerdo en que hacen falta nuevos colectivos, pero lo hagamos bien. Puede haber demandas judiciales”, advirtió.